Estracto de un informe de la Asociación Plaza del Castillo de Usuarios y Medios de Comunicación presentado por su presidenta Maribel Martínez Éder, el estudio ha sido realizado por Álvaro Alás Brun
De qué estamos hablando:
La nueva ley de lo Audiovisual que el gobierno de D. José Luís Rodríguez Zapatero ha prometido elaborar antes de que se acabe su mandato tiene entre sus prioridades la de multar y cerrar aquellas televisiones que operen sin licencia.
Mientras tanto, en las tres comunidades autonómicas que tienen un consejo audiovisual (Cataluña, Andalucía y Navarra), cuando llega alguna denuncia sobre contenidos ilícitos de cadenas que emiten sin licencia, lo derivan al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Central. Éste les responde diciendo que pueden sancionar, pero sólo a aquellas que emitan desde su territorio. Como las emisiones de la mayoría (como Telelínea) llegan desde otra autonomía, los Consejos Audiovisuales no les pueden multar, llegando la denuncia al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que las archiva en espera de la nueva Ley de lo Audiovisual.
De este modo se están beneficiando televisiones ilegales, que emiten en abierto contenidos fraudulentos, canales de tarot, anuncios de relaciones sexuales, pornografía, etc., a horas incluso de espacio protegido a menores de edad. Todo ello en detrimento de los espectadores que se encuentran desprotegidos, como en ningún otro país de Europa.
El estudio refleja la cantidad de televisiones que emiten sin licencia en España, las denuncias que ha habido contra ellas y quiénes son los responsables de que sigan existiendo.
Algunos datos sobre el panorama de las televisiones sin licencia en España
Según Carmen Fernández Morillo, Consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), la creación en Andalucía de una autoridad independiente y reguladora del sector audiovisual, como es el CAA, se produce en un momento de tránsito de la televisión analógica a la digital que en la comunidad autónoma se empieza a desarrollar en abril del 2006, cuando el Gobierno inicia los procedimientos para otorgar 258 licencias de ámbito local, 186 privadas y 72 a ayuntamientos.
Además de un salto tecnológico, la implantación de la TDT -con la fecha del 2010 como horizonte- conlleva un hecho importante: la Consejería de Presidencia de la Junta asume la ordenación de un sector, el de la televisión local, que se ha desarrollado de manera espectacular en una situación de precariedad normativa y sin control administrativo.
El Consejo Audiovisual asume en octubre del 2005 la responsabilidad de seguir los contenidos televisivos en un escenario conformado por un ingente pero indeterminado número de televisiones locales con tres estatus jurídicos distintos. El escenario es en realidad una selva mediática donde conviven televisiones que emitían antes del 1 de enero de 1995 y que funcionan aparándose en una habilitación transitoria de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres. Aquellas creadas entre esa fecha y enero de 2004 y las que empezaron a funcionar tras esa fecha, sin cobertura legal alguna. Llanamente se les distinguía como legales, alegales e ilegales.
El Consejo no sólo no ha podido disponer de un censo fiable y real de televisiones locales sino que la mayoría operaban bajo el manto protector que genera la incertidumbre legislativa y la inseguridad jurídica.
La tardanza de la Administración estatal en planificar la reserva de frecuencias y en dictar el plan técnico correspondiente demoró la convocatoria de los concursos para el otorgamiento de la concesión, provocando esta situación.
En cualquier caso, existía ya una legislación audiovisual plenamente vigente pero hasta la creación del Consejo, en Andalucía no se estaba vigilando ni actuando para asegurar que se respetase.
Uno de los primeros interrogantes que debió resolver el Consejo fue precisamente si podía ejercer su potestad inspectora y sancionadora en el conjunto del sector, independientemente de su situación jurídica y administrativa, o –por el contrario- limitaba sus actuaciones al reducido número de operadores que disponían de título habilitante, tal como podría desprenderse de una somera lectura la Ley 1/2004.
Se optó por lo primero, aun conociendo las dificultades y complicaciones administrativas y jurídicas que conllevaría aplicar la legislación audiovisual sobre contenidos audiovisuales a emisoras clandestinas y sobre un sector que se había desarrollado sin vigilancia ni control alguno.
En el 2007, el Consejo puso en marcha un costoso y complejo sistema de seguimiento de contenidos que permite, de manera sistemática, ver y grabar cada día en torno a 600 horas de televisión emitidas por el operador público autonómico y emisoras locales con un ámbito de influencia de más de 100.000 habitantes, distribuidas por toda la geografía andaluza, así como aquellas emisiones específicas para Andalucía de operadores estatales. Cuando esté totalmente desarrollado, el sistema permitiría visionar y grabar diariamente 1.200 horas de televisión y 1.000 de radio. A ello se suma un segundo sistema de seguimiento, a través de la red creada para vigilar el espacio radioeléctrico por la Consejería de Presidencia con la que se firmó un convenio de uso y desarrollo. Hasta entonces, nadie había asumido en España un reto semejante en un escenario tan incierto.
El objetivo de este seguimiento es velar por el cumplimiento de la legislación audiovisual, especialmente en horario de protección infantil, y realizar estudios e informes que respalden las decisiones, recomendaciones e instrucciones del Consejo dirigidas al sector.
Este seguimiento diario a los contenidos emitidos en Andalucía ha generado en el 2007 una base de datos con alrededor de 30.000 piezas de vídeo - 17.000 provenientes de operadores locales y 13.000 de la RTVA- para su estudio por el Servicio de Análisis del Consejo.
Sin embargo, las previsiones de velar para que las televisiones ofreciesen en la franja horaria protegida contenidos adecuados a la infancia y la juventud o vigilar por el cumplimiento de normas importantes –como las referidas a la señalética o los tiempos de publicidad- se vio superada por un problema mayor: la emisión de pornografía y publicidad de servicios sexuales en abierto, a cualquier hora del día.
La lucha contra la emisión entre las 6 y las 22 horas de pornografía y anuncios o mensajes de contactos sexuales en la televisión local ha sido una prioridad para esta institución. Poner fin a esta práctica extendida en la televisión local ha absorbido la mayor parte de los recursos del Consejo como consecuencia, sobre todo, del incierto y complejo escenario ya descrito. En julio del 2007, se remitió masivamente un escrito recordando la legislación para que los operadores locales adecuasen sus contenidos a lo establecido por la Ley de Televisión sin Fronteras. Se advirtió a todas las televisiones locales ya fueran legales, alegales o clandestinas detectadas a través de los diferentes sistemas de seguimiento que, a partir de septiembre, el Consejo expedientaría a quienes infringiesen gravemente la normativa emitiendo pornografía o mensajes de contactos sexuales en franja protegida.
La apertura de los primeros expedientes sancionadores tropezó, sin embargo, con la dificultad de identificar y localizar a quienes emitían dichos contenidos, misión que en muchos casos ha resultado imposible por mucha voluntad y esfuerzo que se ha puesto en ello. El mapa audiovisual andaluz cambiaba cada día, con televisiones que entran y salen de una frecuencia, aparecen y desaparecen o no se sabe a ciencia cierta quiénes son sus responsables.
El Pleno del Consejo consideró prioritaria la actuación contra la pornografía televisiva y, en ese sentido, ordenó un rastreo que tenía como objetivo detectar a aquellos operadores que, en el conjunto del territorio andaluz, pudieran emitir imágenes y mensajes de contenido sexual explícito en horario protegido.
El 19 de marzo de 2008 se realizó este rastreo general, entre las 12 y las 21 horas, que arrojó un alarmante resultado: Del total de 397 canales sintonizados, 48 emitían pornografía y/o anuncios de mensajes explícitos de servicios sexuales. El grueso de la programación de otro medio centenar no era ilícita pero sí preocupante ya que consistía en programas de videncia, teletiendas y concursos con sms o tarificación adicional no dirigidos a menores de edad.
Ya en enero del 2008, el Consejo había trasladado a la Fiscalía Superior de Andalucía, al Gobierno y al Parlamento autonómico un informe sobre publicidad de contactos sexuales y prostitución en la televisión local, en el que mostraba su preocupación porque la ausencia de regulación de estos anuncios, y también de la pornografía, permitiese su libre emisión en abierto entre las 22 y las 6 horas.
El Consejo considera en su informe que no se puede obviar la realidad social y que, para asegurar una efectiva protección de los menores, Andalucía puede regular y limitar aún más la emisión de contenidos pornográficos y el comercio sexual a través de la televisión, equiparándonos a otros países de Europa que además de adecuar su franja protegida a los hábitos horarios de la población prohíben la emisión en abierto de contenidos pornográficos.
Por otra parte, tras el rastreo de pornografía realizado en marzo, el Consejo decidió también intervenir requiriendo a los infractores el cese inmediato de dichos contenidos y proceder al mismo tiempo a la apertura de expedientes informativos, previos a los sancionadores. Además se ha implicando a otras instituciones, como la Fiscalía y la Dirección General de Comunicación Social de la Junta para que, desde sus respectivos ámbitos de competencia, lleven a cabo las actuaciones pertinentes.
Así, el Consejo está informando tanto a la Fiscalía como a la Dirección General de Comunicación Social de la Junta, responsable de las licencias, de todas las incidencias en relación con aquellas televisiones que siguen emitiendo pornografía o mensajes de contactos sexuales en horario protegido. En ese sentido, hay que resaltar que la mayoría de los operadores han atendido puntualmente los requerimientos en relación con la pornografía y la publicidad de servicios sexuales, si bien está resultando más complicado acabar con los mensajes de contactos sexuales insertos en chats. En este caso, los operadores argumentan problemas técnicos para que sus sistemas de control discriminen determinadas palabras no explícitas.
En julio de 2008, la Fiscalía Superior de Andalucía ha respaldado la estrategia del Consejo en su diligencia informativa 6/2008 donde considera particularmente necesario instar al respeto a los horarios de protección de menores y plantea que la desobediencia a los requerimientos de cese realizados por la institución pueda tener consecuencias penales para el operador de televisión.
La previsión es que, en Andalucía, desaparezcan en el plazo de unos meses los operadores que emiten ilegalmente y que, bien por intervención de la Fiscalía o de la Dirección General de Comunicación Social, sean cerrados de manera inmediata aquellos que emiten contenidos pornográficos.
El CAA ha abierto unos veinte expedientes por emisión de pornografía y anuncios de contactos sexuales en franja infantil.
El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) ha abierto expediente, a fecha de hoy, a 60 emisoras de televisión que operaban sin licencia.
Según Borja Mora-Figueroa, el Consejo Audiovisual de Navarra (CoAN) a lo largo de sus años de actividad, se ha enfrentado a la existencia de diversas televisiones que emiten sin autorización en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra.
La inestabilidad del marco legal que debía regular esta situación propició la multiplicación de televisiones que emitían sin la pertinente autorización administrativa. Es preciso señalar, en todo caso, la gran variedad de modelos de televisiones que se fueron creando, algunas con programación de relativa calidad, otras con contenidos centrados en pornografía, videncia, chats o concursos telefónicos.
A pesar de que la Ley Foral 18/2001, de 5 de julio, que regula la actividad audiovisual en Navarra y crea el Consejo Audiovisual de Navarra, erige al CoAN como la “autoridad audiovisual en Navarra”, el órgano competente para ejercer la labor de inspección, control y sanción de las televisiones que operan sin título habilitante es, en el ámbito geográfico de la Comunidad Foral de Navarra, el Gobierno de Navarra. Por esta razón, el CoAN ha trasladado las infracciones detectadas en este sentido al Gobierno de Navarra.
En opinión del CoAN, la implantación definitiva de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en España debe suponer el cese de las emisiones de las televisiones que no cuentan con la pertinente autorización administrativa. Las administraciones encargadas de vigilar el cumplimiento de esta situación deberán trabajar intensamente para que no se vuelva a repetir la proliferación de operadores que emitan sin licencia, especialmente cuando se produzcan los sucesivos “apagones analógicos” a lo largo de 2009 y de 2010.
Madrid:
La Comunidad de Madrid ya ha procedido al requerimiento de cierre de un total de 21 televisiones locales, 12 de las cuales se ubican en la capital.
Estas televisiones locales actualmente emiten en la región y no se han presentado al concurso público de televisión digital local. En caso de que el cierre no fuera voluntario por parte de los dueños de las cadenas, el Gobierno regional procederá a la resolución de cierre y recurrirá a la vía judicial, con incautación de los equipos de TV, en virtud de la facultad prevista en el artículo 26 de la Ley de Televisiones Privadas.
A estas 21 televisiones locales se sumarán aquellas otras que actualmente emiten y que no obtengan una concesión de televisión digital, cifra que ascenderá a 16. Al concurso público se han presentado un total de 115 ofertas y 44 empresas distintas, y será resuelto en las próximas semanas. En virtud de este concurso, podrán emitir en la Comunidad un total de 53 televisiones, lo que fomentará la producción audiovisual regional, que ya supone el 75% de la producción audiovisual nacional. Las 21 TV Locales cuyo cierre se va a instar son las siguientes:
Canal 33
Telesur Madrid
Canal 53
TLSUR Madrid
Tele Cuatro Caminos
Medios Audiovisuales
Citae
Televisión Amistad
Pozuelo TV
Canal Televisión COS
EWTN
Telemadroño
Madrid Local
Madrid Sur TV
Arganda TV
Telelocal
Telelínea
Infraestructuras y Gestión
Telenoroeste
Popular TV Navalcarnero
Telecomunicaciones Rodríguez
S.A.R.
Según nuestros informes, las televisiones que operan sin licencia en Aragón son: La Villa, La Torre de Babel, Boggi, EB 88 y Canal 44. Este último está denunciado hace ya un año por ejercer su actividad sin licencia, ya que tiene la licencia de la DGA pero no tiene la de obra, ni la puede tener ya que está construida sobre un suelo protegido, con lo cual carece de licencia de actividad. Emite pornografía a partir de las 00:00, cosa que es legal. Los otros a todas horas.
El 6 de Mayo de 2008, un informe de la Asociación de Radio y Televisión detectó que en la Región existían 8 televisiones "alegales" y 40 sin licencia
Se han iniciado cinco expedientes sancionadores por la Generalitat, desde finales del año pasado, contra televisiones terrestres analógicas locales que emiten sin concesión administrativa, con contenidos de videncia, tarot, televenta, chats de contactos y teléfonos eróticos. Según hemos sabido existe la voluntad de seguir detectando estas emisiones ilegales de televisión e incoando los correspondientes expedientes sancionadores.
En la actualidad, la situación del sector es confusa. Los operadores que están emitiendo se dividen entre los “alegales” o los directamente ilegales, (según los expertos se llama alegal a aquello que se consiente pero que no posee los requisitos que se establecen para ser legales).
La ley de 1995 de Televisión Local por Ondas Terrestres consagró las televisiones locales que operaban en ese momento y prohibió explícitamente la aparición de nuevas. Pese a todo, el sector ha seguido creciendo desde entonces sin ningún tipo de control. En estos momentos existen centenares de televisiones locales emitiendo de forma “alegal” por existir un vacío administrativo motivado por el miedo a desarrollar de una vez por todas la ley de televisión.
El partido socialista tenía verdadero terror a estas televisiones, y los populares tienen en el cajón una ley que no se atreven a presentar en primer lugar por?que su formato no es válido para todo el territorio español, y en segundo lugar porque obligará a legalizar a las que ya están emitiendo desde hace años.
Fuentes del Ministerio de Industria señalan que uno de los objetivos que persigue la futura ley es atajar este desorden, de manera que se otorgue cobertura legal a los operadores locales. Después, vendrá una tarea de lucha contra las emisoras ilegales, que podrán ser sancionadas con multas de entre 60.000 y un millón de euros.
Sin embargo, quizá la incógnita es porqué la Ley de lo Audiovisual, o alguna otra enmienda o ley que penalice a las televisiones sin título habilitante, no se ha dado todavía en España. Máxime cuando la directiva de la CEE de 3 de octubre de 1989 sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, ya lo dejaba claro en su Artículo 2: “Cada Estado miembro velará porque todas las emisiones de radio difusión televisiva transmitidas por organismos de radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción respeten las normas de Derecho aplicables a las emisiones destinadas al público en ese Estado miembro”.
La explicación más plausible de que no se haya establecido todavía una “caza de brujas” es que se espera que se puedan eliminar las televisiones sin licencia con el apagón analógico de final de este año, ya que el estado y las comunidades autonómicas tendrán el poder de regular la entrada en la TDT de aquellas cadenas que no cumplan todos los requisitos legales.
Visto que las autoridades no consiguen atajar esta situación, y sabiendo el dinero que genera este negocio, más de uno se preguntará si esto quedará impune o si se les aplicará una multa con carácter retroactivo a los responsables. Se nos responderá con la nueva ley de lo audiovisual. ¿Cuándo? La pelota está en el tejado de los políticos.
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